La Diócesis de Ciudad del Este, manifiesta su profunda preocupación por el violento desalojo de la cual ha sido objeto la comunidad indígena Ava Guaraní de Cerrito, perteneciente al distrito de Minga Pora͂ el pasado 13 de mayo.
Es necesario recordar que los pueblos indígenas se hallan protegidos por su mismo derecho consuetudinario, además por disposiciones claras y expresas de la Constitución Nacional, como asimismo de tratados internacionales. Es incomprensible que el agente fiscal responsable del desalojo, en una actuación dudosa, haya ordenado la expulsión de los nativos de su asentamiento ancestral, cuyos miembros al ver llegar el gran despliegue policial al lugar ya se hallaban danzando, suplicando la protección de Dios ante la gran cantidad de amenazantes efectivos policiales presentes, quienes a los efectos de obligarlos a desalojar su sagrado templo, lanzaron gas pimienta entre la gran cantidad de niños, mujeres y ancianos que se hallaban presentes, seguido de la destrucción de sus casas, sus cultivos, y el mismo templo.
Este hecho manifiesta que los miembros de los pueblos originarios continúan siendo humillados, pisoteados, tratados en forma despectiva por las mismas autoridades quienes debían protegerlos; además es preocupante la ausencia total del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en el sentido de dar una respuesta satisfactoria a las reivindicaciones propias de estos pueblos.
La Constitución Nacional establece en forma textual en su art. 64 – DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA: Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la falta absoluta de respeto del Agente Fiscal hacia las religiosas, representantes de la Congregación Religiosa Misionera Siervas del Espíritu Santo, a quienes incluso puso en duda su condición de religiosas, como así mismo a las demás personas que se hallaban en representación de instituciones estatales quienes sostenían que el procedimiento no correspondía.
Esperamos que las autoridades den una respuesta positiva a la situación planteada y, en consecuencia, garanticen la plena vigencia del Estado de Derecho para todos los habitantes de la república.
Ciudad del Este, 17 de mayo de 2021
Departamento de Comunicación y Prensa, Diócesis de CDE
